REYNOSA, TAMAULIPAS.– Un juez federal fue vinculado a proceso penal por presuntos delitos contra la administración de justicia, en un caso considerado inédito dentro del actual sistema del Poder Judicial de la Federación.
Se trata de Juan Fernando Alvarado López, quien enfrenta acusaciones por supuestamente haber otorgado resoluciones irregulares y amparos que beneficiaron al ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
La decisión judicial fue tomada durante una audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal Federal de Reynosa, donde el juez Ricardo Ignacio Rivera Pacheco determinó vincular a proceso a Alvarado López como parte de la causa penal 45/2026.
Aunque enfrentará el procedimiento en libertad, el caso representa la primera ocasión en que un juez federal es procesado penalmente tras haber sido sancionado previamente por el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial.
En febrero pasado, el tribunal encabezado por la magistrada Celia Maya García resolvió inhabilitar por un año a Alvarado López por incurrir en faltas graves relacionadas con resoluciones consideradas contrarias al correcto funcionamiento de la justicia federal.
De acuerdo con las investigaciones, el juez habría desacatado criterios y jurisprudencia emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al conceder suspensiones judiciales que favorecieron tanto a funcionarios estatales como al ex mandatario tamaulipeco.
Entre las resoluciones cuestionadas se encuentra una suspensión otorgada a Cabeza de Vaca para evitar su captura y conservar sus derechos político-electorales pese a investigaciones relacionadas con delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Las autoridades judiciales también señalan que el juez habría intervenido para impedir acciones administrativas y legales contra funcionarios vinculados con la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Tamaulipas.
El caso surgió originalmente a partir de una denuncia presentada en 2024 ante el entonces Consejo de la Judicatura Federal, organismo que posteriormente fue sustituido por el actual Tribunal de Disciplina Judicial tras las reformas al sistema judicial.
La Fiscalía General de la República presentó pruebas suficientes para sostener que existieron posibles irregularidades en las decisiones judiciales emitidas por Alvarado López, lo que permitió avanzar hacia el proceso penal.
El caso ha generado atención dentro del ámbito jurídico y político debido a que representa uno de los primeros procedimientos penales derivados directamente de sanciones disciplinarias aplicadas a integrantes del Poder Judicial federal.
Las investigaciones continúan mientras el juez procesado enfrenta acusaciones que podrían derivar en nuevas sanciones administrativas o penales dependiendo del avance del juicio.
